¿Negocio verde o riesgo ambiental? Las claves de la ley de mercados de carbono que aprobó el Senado
Cerca de las 11 de la noche de ayer, el Senado le dio media sanción al marco regulatorio de los mercados de carbono en la Argentina. La iniciativa obtuvo 59 votos afirmativos y pretende impulsar sistemas de compensación de emisiones y destrabar acuerdos que ya están en negociación entre provincias e iniciativas internacionales. Estos proyectos pueden generar programas de conservación de bosques, además de ingresos para productores agrícolas y para los propios gobiernos aunque hay contrastes.
Hace años que tanto el sector productivo como el del desarrollo sustentable reclama un marco regulatorio para esta herramienta. Sin embargo, organizaciones dedicadas a la política ambiental, como el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con exfuncionarios consultados por LA NACION, cuestionaron la premura con la que se trató la ley. También advirtieron que, sin una política climática definida en el país, estos mercados podrían derivar en una mayor deforestación.
“Argentina no tiene hoy institucionalidad en política climática. Que aprobaran este proyecto en el Senado es de una irresponsabilidad total”, señaló Juan Carlos Villalonga, exdiputado nacional y miembro del CPA. Desde el Senado, Flavia Royón (Primero Los Salteños) planteó que el proyecto de ley excede a “la coyuntura” de la política actual sobre esos temas y así se diseñó el texto.
Desde el Ejecutivo se celebró la media sanción. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzzenegger del “beneficio potencial” de este marco regulatorio y agregó que “permitirá exportaciones por unos US$2000 millones que se logran simplemente liberando a provincias y privados para operar en un mercado del que el propio Estado nos excluía”.
Presentados en el mundo como una oportunidad para generar ingresos y promover la conservación, estos mecanismos, diseñados para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, también han recibido duras críticas de grupos ambientalistas. Entre los principales cuestionamientos aparecen las dificultades para monetizar las emisiones y las estrategias que algunas corporaciones han utilizado para fomentar el greenwashing, el blanqueo de madera proveniente de la tala ilegal, el acaparamiento de tierras o la plantación de monocultivos forestales.
